Autor: Umberto M. Marsich
/ En 1982 la Comisión Episcopal de Pastoral Social de México había publicado una orientación pastoral en la cual invitaba a los católicos mexicanos a lograr un cambio de actitudes y una más profunda renovación interior. Además, se aclaraba que, la participación en las elecciones y en la vida políticamente activa, debía ser asumida, por los cristianos, como un deber civil y religioso: “esta obligación- escribía la comisión- es seria a tal punto que quien se abstuviera por sola pereza, estaría ofendiendo a sus hermanos y consiguientemente a Dios”.
El Concilio Vaticano II también señalaba, a su tiempo, que “los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política; es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común” (GS.31). En tal contexto, en efecto, hay que señalar que la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer, con el propio voto, la realización de un programa político o la aprobación de una ley específica, que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral (Congregación para la doctrina de la fe, Algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, 4).
Esta coherencia, por cierto, no se pelea con la justa autonomía que el laico, en cuanto miembro de la ciudad terrena o civil, debe gozar guiado, obviamente, por su conciencia cristiana y según su específica competencia y su propia responsabilidad. Su primer objetivo, por cierto, no es actuar, en cuanto católico, a favor de los intereses de la Iglesia sino, como miembro de la sociedad humana, deberá tutelar el bien de todos.
En la ciudad, los fines y los medios no son ni eclesiales ni religiosos. En cuanto ciudadano, que actúa en nombre propio, el laico tampoco puede invocar, a su favor, la autoridad de la Iglesia (GS. n.43). No es tarea de la Iglesia, desde luego, regir los destinos de la comunidad política y, mucho menos, formular soluciones concretas para cuestiones temporales. Dios las deja al juicio libre y responsable de cada creyente, comunidad y pueblo, según los contextos geográficos, económicos, tecnológicos y culturales en que viven (OA. 4). El Cristianismo, consciente de deber evangelizar la totalidad de la existencia humana, otorga, a los laicos, la responsabilidad de evangelizar también los nuevos areópagos de la economía, cultura y, desde luego, política. Quede bien claro, además, que ningún partido político, por más inspirado que esté en la doctrina de la Iglesia, puede arrogarse la representación de los fieles o de la Iglesia.
Conclusión.
Para el cristiano, entonces, a la luz de cuanto hemos venido exponiendo, la política no es una prohibición sino un deber. El cristiano sabe que, en el Evangelio, no encontrará un código de moral política donde se puedan conseguir soluciones técnicas a los problemas, sino un espíritu que le haga superar la cómoda neutralidad y le impulse a luchar por la justicia y a rectificar conductas incorrectas. Se trata de un espíritu que cuestiona toda política y, al mismo tiempo, subversivo de toda estructura inhumana existente. Sabemos que este espíritu es universal y está por encima de todo tipo de opción partidista, de izquierda que de derecha, y que lo que nos pide a todos es la obligación de estar incondicionalmente de lado de los pobres, de los desafortunados y de los desposeídos. Esto es lo que, en efecto, nos exige el Evangelio de Jesús, aun cuando no todos lo hemos entendido, dejándolo solo: “lo que sí es cierto, desgraciadamente –afirmaba Paupert- es que nosotros los cristianos hemos dejado el Evangelio verdaderamente solo”.